TRANSFERENCIA DISPUESTA POR EL EJECUTIVO PLANTEA NUEVO RETO A ALCALDESA
Concejo limeño se hará cargo de 4.800 predios y 9 albergues. Alcalde chalaco ofreció reducir precio de nichos y mejorar comedores
En Lima más de 5.000 personas en riesgo y de bajos recursos, niños y adultos mayores principalmente, se ven favorecidas por alguno de los servicios que ofrece la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana (SBL).
Ya sean los niños y adolescentes que fueron recibidos en el puericultorio Pérez Araníbar, los ancianos que viven en el albergue Canevaro o los bebes que nacen en la clínica Hogar de la Madre, estas personas se alejan al menos por un tiempo de sus grandes necesidades gracias a estos servicios que, en la medida de su presupuesto, la SBL puede ofrecer.
Para solventar sus gastos, la SBL, entidad que pertenece al Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social (Mimdes), pero del que no recibe un solo sol de presupuesto, alquila gran parte de sus 4.800 predios y, además, recibe donaciones de entidades filantrópicas.
CAMBIOS A LA VISTA
El 25 de diciembre del año pasado se publicó el Decreto Supremo 010-2010, en el que se resolvía que las 101 beneficencias que existen en el país dejen de ser dirigidas por el Mimdes y pasen a la administración de las municipalidades como parte del proceso de descentralización emprendido en el 2007.
Las implicancias de esta decisión son variadas. Dennis Zúñiga, presidente de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana, no cree que los gobiernos locales estén en la posibilidad de administrar adecuadamente los servicios que las beneficencias ofrecen a los más pobres.
“Nos preocupa que las municipalidades descuiden la función social y humana que cumple la beneficencia, que es proteger a la población más vulnerable. Ojalá las autoridades que tomen a su cargo la institución tengan en cuenta que el alquiler de inmuebles es solo un aspecto secundario de sus responsabilidades”, explicó.
En ese mismo sentido, Santiago Barreda, director general de Descentralización del Mimdes, opinó que “además de los ingresos por concepto de venta y alquiler de los inmuebles y otros servicios, se transfieren las obligaciones de financiamiento y administración de los albergues y hogares que manejan”.
Sin embargo, María Isabel González, gerenta de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima, no está de acuerdo.
“El concejo tiene mejores recursos humanos, técnicos y profesionales para manejar más eficientemente todas las propiedades y los servicios de la beneficencia. Los gobiernos locales están mucho más cerca del ciudadano común que el Gobierno Central, y por eso somos capaces de desarrollar mejor el servicio social”, añadió.
OFRECEN MEJORAS
Si bien los resultados de este cambio solo se conocerán algún tiempo después de que la norma se ejecute, la Municipalidad del Callao ya plantea algunas mejoras que, de concretarse, serán beneficiosas para la población.
Juan Sotomayor, alcalde chalaco, ha planteado una reducción considerable en el precio de los nichos en el cementerio Baquíjano y Carrillo, administrado por la Sociedad de Beneficencia del Callao (SBC).
“No es posible que le cobren hasta S/.2.000 a la gente pobre para enterrar a sus familiares”, añadió. En tanto, Sotomayor inició una serie de visitas a los comedores de la SBC para verificar la calidad de la alimentación y atención.
Los funcionarios de la Municipalidad de Lima han sido más cautelosos y han asegurado que esperan primero que se concluya la transferencia para iniciar las acciones correspondientes.
SEPA MÁS
Las beneficencias públicas más grandes del país son las de Lima, Callao, Huancayo, Cusco y Trujillo.
La Sociedad de Beneficencia de Lima (SBL) tiene un ingreso mensual de un millón de soles por concepto de alquiler de inmuebles.
La SBL mantiene juicio con aproximadamente 640 inquilinos morosos.
LAS CIFRAS
850
Inmuebles son propiedad de la Sociedad de Beneficencia de Lima (SBL), que se dividen en 4.800 unidades prediales arrendables (UPA).
5.000
Personas de escasos recursos y en estado de abandono viven en los nueve centros que posee la SBL.
Fuente: El Comercio, 10.01.10
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